A dos meses de una entrega de electrodomésticos que realizó la ministra de Educación, Yelitze Santaella, en el Ipasme Carabobo, 1200 afiliados a ese instituto aún esperan por los suyos.
En este sentido, acusan al Ipasme de violar el artículo 117 de la Constitución por irregularidades en el Programa Mi Casa Bien Equipada, dijo el profesor Edward Carrasco.
Este programa social, creado en el año 2010 por el presidente Hugo Chávez extendido al magisterio en el año 2017, consistió en principio en el equipamiento completo de hogares de múltiples de productos de la marca China Haier a precios solidarios. Pero el personal del Ministerio de Educación, a diferencia de otros sectores, solo se le benefició con un (1) producto en vez de cinco (5).
En el año 2018, el Instituto de Previsión Social del Personal del Ministerio de Educación (IPASME), ofertó productos de línea blanca. En Carabobo más de 1.200 afiliados cumplieron con los requisitos, quienes esperan por recibir neveras, aires acondicionados, cocinas y lavadoras. Hasta la fecha el IPASME tiene 4 años y 26 días de mora con el magisterio carabobeño.
Para las altas autoridades del Ministerio de Educación y del IPASME, la institución está “cumpliendo con el magisterio” carabobeño, pero los afectados aseguran que el IPASME, como ente crediticio, viola el Artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que: “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes (…), así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen;a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno”.
Carrasco manifestó que: “en las redes sociales el IPASME pintó un panorama con mensajes institucionales, dándole las gracias al presidente Nicolás Maduro de entregas simbólicas, que son más mentira que verdades. Lo cierto es que la mayoría de los afiliados no disponemos de los productos, podemos demostrar que la información brindada por la institución sigue siendo engañosa y el trato no es equitativo, ni tampoco digno”.
Aseguró que los afectados se han dirigido por escrito ante la profesora Yesenia Lara De Lunar, presidente del IPASME, el resultado ha sido el silencio administrativo. Una situación de omisión, abstención y carencia que viola el artículo N.º 51 de la Constitución, por no brindar respuesta oportuna, adecuada, formal y por escrito.
Las peticiones formuladas sin respuestas son un Recurso Administrativo dirigido el 31 de marzo y una Queja y Reclamo. Esta última reposa en el escritorio de la Presidente del IPASME desde el 28 de abril, conjuntamente con unas 450 firmas de los afectados.
Edward Carrasco afirma que consignó a la Fiscalía N.º 13 evidencias de que presuntamente el profesor Michael Reyes, Secretario de la Junta Administradora del IPASME benefició a particulares. “Como es sabido, la Constitución antepone el bien común (el interés general) al particular, pero la realidad de la entrega de hace 2 meses fue contraria a la constitución”.
