Rodrigo Uprimny*
El Espectador
El pasado 29 de mayo Colombia protestó y apoyó masivamente el cambio social pues los votos sumados de los candidatos de oposición (Petro, Hernández y Fajardo) superaron el 70 %. La gran derrotada fue la opción continuista de Gutiérrez, a pesar del apoyo decidido de Duque y de las grandes maquinarias.
Es bueno y refrescante que Colombia vote masivamente por el cambio porque nuestro país pide a gritos mayor igualdad e inclusión social, como lo mostró el estallido social. Una tramitación institucional de esas demandas sociales, gracias a una alternancia electoral pacífica, fortalecería nuestra débil democracia.
Nuestra responsabilidad ahora como ciudadanos es entonces votar en esta segunda vuelta por la mejor opción de cambio. O por la menos inconveniente, si ni Petro ni Hernández los entusiasman. Por respeto a los lectores, que tienen derecho a conocer desde qué visión comento estos avatares, revelo mi opción.
Votaré por Petro y Francia. No es un apoyo incondicional y pétreo pues no soy ni he sido petrista ya que, como lo he dicho varias veces, su caudillismo me preocupa. Por eso en primera vuelta preferí a Fajardo ya que su programa (no tan distinto al de Petro) incluía los cambios sociales requeridos y consideré que su personalidad, más proclive a los acuerdos, lo hacía mejor opción en estos tiempos polarizados. Derrotado Fajardo, en gran parte por sus errores, creo que Petro representa ahora la mejor opción, al menos por tres razones, distintas pero complementarias.
Primero, sus propuestas de cambio, que no son de extrema izquierda pues respetan la economía de mercado, son significativas ya que permitirían un desarrollo más incluyente, igualitario y ambientalmente sostenible. Son además genuinas pues los componentes esenciales de su programa —como las reformas pensional y tributaria, los derechos de las mujeres o su apoyo a la paz y a la reforma rural integral— son posiciones estructuradas que ha sostenido desde hace tiempo. No son agregados de último momento a un programa vacío para que este adquiera una cierta respetabilidad, que es lo que al parecer podría hacer Hernández, con la triste asesoría profesoral de Fajardo. ¿Pero quién puede creer en esos compromisos de última hora de Hernández si es alguien que a cada momento cambia de opinión en estos temas?
Segundo, porque Hernández no es creíble en el único punto que en realidad alimenta su campaña, que es su tesis de que va a erradicar la corrupción. Todos estamos contra la corrupción, pero en realidad Hernández no ha dicho nada sustantivo sobre cómo va a enfrentarla. Más grave aún, Hernández está juzgado por corrupción por cuanto, siendo alcalde, habría manipulado el millonario proceso de basuras para favorecer a un particular, como lo mostraron el abogado Elmer Montaña y el periodista Daniel Coronell. El caso entra a juicio pues la Fiscalía le formuló acusación por el delito de interés indebido en celebración de contratos, lo cual significa que las evidencias en su contra son sólidas. Conviene recordar que en Colombia, en promedio, la mitad de los casos que llegan a juicio terminan en condena, según un estudio de la Fiscalía. Esto significa que Hernández, que tiene como bandera esencial la lucha contra la corrupción, tiene buenas probabilidades de ser condenado por corrupción.
La tercera razón, que por límites de espacio y por su importancia analizaré en la próxima columna, es que los riesgos de ruptura democrática son inmensamente mayores con Hernández.
Mantengo dudas frente a una posible presidencia de Petro, pero tengo una certeza frente a una de Hernández: es un salto mortal al vacío.
Aclaro que esta columna es personal y no compromete a Dejusticia, que es una institución pluralista y no partidista.
Apoyo no pétreo a Petro (II)
Desarrollo en esta columna la tercera razón por la cual considero que Francia y Petro son la mejor opción electoral en esta segunda vuelta: los riesgos de ruptura democrática.
No creo que ni Hernández ni Petro quieran una dictadura. No tienen esa mentalidad. Sin embargo ambos, por su talante populista y por algunas de sus propuestas, representan riesgos para el Estado de derecho, pero éstos son mayores con Hernández, al menos por estos cinco factores.
Primero por su trayectoria de respeto a las reglas como servidores públicos. Petro lleva 30 años en la política, casi todos como servidor público, y no tiene ninguna sanción disciplinaria ni ninguna acusación penal. Hernández lleva pocos años de vida pública, pero ha acumulado al menos cuatro sanciones disciplinarias, varias por faltas graves, y enfrenta un proceso penal en fase de juicio por un caso gravísimo de corrupción.
Segundo por sus actitudes y expresiones. Menciono un solo hecho. El audio en que el alcalde Hernández presiona a una subalterna para que haga algo, pero ésta se niega diciendo que eso es ilegal. Hernández le grita que se “limpia el culo con esa ley” y que la va a despedir. Es gravísimo pues Hernández insulta y amenaza para forzar una ilegalidad. No conozco comportamientos semejantes de Petro.
Tercero por su gusto por los poderes de emergencia. Ambos lo tienen, pero es más grave el de Hernández. Petro planteó que, para enfrentar el hambre, decretaría el “estado de emergencia”, que le permite legislar por decreto. Critiqué esa propuesta por inconstitucional y autoritaria. Pero Hernández va más lejos pues plantea decretar la “Conmoción Interior” para erradicar la corrupción, lo cual es mucho más autoritario ya que ésta no sólo permite legislar por decreto sino también restringir severamente las libertades De pronto Hernández está inspirado por ese tipo de medidas de su admirado Bukele en El Salvador.
Cuarto por las propuestas de Hernández, que muestran débil conocimiento constitucional o una voluntad de moldear las instituciones según su pura voluntad. Señalo dos, pero hay más de ese talante en su programa. Dice que para modernizar el Estado “expedirá una directiva presidencial en que se exija a todas las entidades territoriales tener una jefatura de planeación”. ¿O sea que va a modificar el ordenamiento territorial a punta de directivas? Dice también que hay que “transformar completamente el aparato de justicia de arriba abajo en una acción tan profunda que incluya una reforma constitucional”. Obviamente la justicia requiere reformas, pero este tipo de propuestas tremendistas son las que permitieron al chavismo cooptar el aparato judicial, que fue un paso clave en la destrucción de la democracia en ese país.
Disiento de varias propuestas de Petro, pero no encuentro estos descalabros institucionales del programa de Hernández.
Quinto por sus posibilidades de gobernar respetando la separación de poderes. Petro tiene una presencia importante en el Congreso, con lo cual podría construir una coalición para implementar su programa. No es fácil pero es posible. Pero Hernández no tiene ninguna fuerza política. ¿Cómo va a aprobar sus reformas? Los riesgos de que Hernández, con su carácter volado, recurra entonces a una salida autoritaria a lo Fujimori no son menores.
No minimizo los riesgos del caudillismo de Petro y lamento algunas estrategias sucias de su campaña, en especial contra los candidatos de centro, como lo expresé en varios trinos. Así no se construye una Colombia decente. Pero reitero la conclusión de mi anterior columna: una presidencia de Petro genera preocupaciones, pero una de Hernández es un salto mortal al vacío.
Aclaro que, como la anterior, esta columna es personal y no compromete a Dejusticia.
* Rodrigo Uprimny Yepes es un jurista colombiano cuya especialidad es el Derecho Constitucional. Actualmente se desempeña como miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas y como investigador de Dejusticia, entidad que dirigió por diez años. Es Profesor de la Universidad Nacional.
