En la primera semana de diciembre próximo, la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) presentará una demanda por intereses colectivos y difusos ante el TSJ en representación de un numeroso grupo de venezolanos afectados ante el bloqueo de sus divisas por parte de bancos del Estado.
En tiempos modernos, los venezolanos fueron sometidos por años a un radical régimen de control de cambio que les impedía adquirir legalmente divisas como cualquier ciudadano del mundo, aun cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como principio fundamental la “libertad económica”.
En este contexto, en el año 2018 el Estado Venezolano abrió una ventana, creó una legislación cambiaria en respaldo a la implementación de un mecanismo de acceso a las divisas para los venezolanos, se trató del Sistema de Tipo de Cambio Complementario Flotante conocido como (Dicom).
Esta oferta pública captó el interés de miles de venezolanos, quienes vieron una oportunidad y se sintieron seguros por tratarse de una oferta del Estado respaldada por una ley especial, ante lo cual, participaron en dicho mercado, fueron adjudicados, pagaron sus divisas a la tasa impuesta por el ente emisor, pero desde entonces, desde hace más de dos años, sus dólares y euros permaneces “a la vista” literalmente solo a la vista en sus cuentas online, porque no pueden disponer de ellos, no se pueden retirar, ni transferir, ni usar mediante medio de pago alguno, es decir, el dinero de estos venezolanos está en manos de bancos del Estado, Banco de Venezuela, Banco Bicentenario del Pueblo y Banco del Tesoro, quienes lo mantienen bloqueado sin ninguna razón o justificación.
Esta penosa situación marca una gestión publica que incumple frente al ciudadano; bancos del Estado con la potestad de bloquear el dinero que no les pertenece y entes supervisores que mantienen una conducta omisa ante tan grave situación, como si nada está ocurriendo, como en épocas de siglos atrás, donde los monarcas disponían del dinero del pueblo sin razón o explicación alguna.
La demanda será presentada la primera semana de diciembre, para permitir que sigan sumándose mas afectados hasta el 30 de noviembre, hasta la fecha es numeroso el grupo ya adherido, lo cual sin duda demuestra que estamos ante una masiva acción colectiva.
Demandaremos ante el TSJ para que cumpla con su misión de administrar justicia, esta vez no se trata de asuntos políticos que son atendidos con gran celeridad, esta vez se trata de los derechos de miles de venezolanos que creyeron en una oferta pública que no les cumplió, creyeron en unos bancos que bloquearon su dinero y se niegan a devolverlo.
De igual manera, hemos solicitado audiencia ante la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario en su calidad de ente supervisor, con el fin de buscar soluciones para los afectados y con ello agotar las instancias antes de instar el órgano judicial, esperamos que esta audiencia sea concedida en atención al artículo 51 de la Carta Magna.
Nota de Prensa
