Aprobada la continuidad de funcionamiento de la Asamblea Nacional, como órgano del poder público, a través de la Comisión Delegada, con sus atribuciones constitucionales, que funcionará hasta se elija un nuevo ente legislador en elecciones libres justas y verificables, que tiene como objeto garantizar la continuidad constitucional del Poder Legislativo, como órgano del poder público nacional.
En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional convocada por la Comisión Delegada este jueves 18 de diciembre, se aprobó la primera discusión del Proyecto de reforma de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El diputado por el estado Zulia y presidente de la Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, inició el debate explicando que este instrumento legal permite legalmente que el actual parlamento siga funcionando hasta recuperar la democracia y la constitucionalidad en el país.
“Quienes hoy ejercemos nuestra condición de diputados con toda la legitimidad que nos dio la elección parlamentaria del 6 de diciembre del 2015, donde votaron más de 14 millones de venezolanos, no debemos entregarles nuestra legitimidad a quienes no la tienen”.
Apoyándose en la Constitución, el diputado zuliano explicó que el artículo 233 define claramente la manera de proceder si para el momento del inicio de un período constitucional no existe un presidente de la República democráticamente electo y encarga la presidente de la República al presidente de la Asamblea Nacional.
Reconoció Barboza que la Constitución vigente no tiene de manera precisa la solución al caso presente de que al momento del próximo período constitucional no existe una Asamblea Nacional democráticamente electa que pueda con legitimidad cumplir esa función.
Sin embargo, para resolver la disyuntiva se remitió al artículo 195 de la CBRV que dispone que durante el receso de la Asamblea Nacional funcionará la Comisión Delegada, que aun cuando se refiere a los recesos que se producen dentro de un período constitucional, considera que allí está la manera como el constituyente resolvió la continuidad de un órgano del poder público, como lo es el poder legislativo, en momentos en los cuales no está funcionando en sesiones ordinarias.
Envió un mensaje de esperanza al pueblo venezolano junto con la convocatoria a continuar la lucha hasta rescatar la democracia y anunció el apoyo de la fracción parlamentaria de UNT al proyecto de ley de reforma del estatuto que rige la transición el cual desarrolla de manera clara la manera de poner en práctica esta decisión.
Se prolongan las funciones de los parlamentarios legítimos
Por su parte, el diputado Sergio Vergara manifestó que este instrumento legal del Estatuto que rige la Transición a la Democracia ha sido el sustento legal para la actuación de la Asamblea Nacional y la presidencia interina.
“El evento realizado por la dictadura el 6D constituye un fraude y por esta razón, no existen a la fecha parlamentarios electos para reemplazar a quienes fuimos electos en 2015 para desempeñar la función legislativa. Al no existir parlamentarios electos para un nuevo periodo constitucional, prolongar nuestras funciones para lograr los objetivos de alcanzar elecciones presidenciales libres y justas, no puede ser otra cosa que regresar a la Constitución”, sentenció.
Al ejercer su derecho de palabra la diputada María Conchita Mulino, señaló que es un imperativo ante la expresión de legitimidad de origen, como es el pueblo venezolano, sustentar la contundencia manifestada en un instrumento jurídico como es la reforma del estatuto de la transición.
Sostuvo que el evento político del 6D carece de legitimidad constitucional, hay que acudir al principio de la continuidad constitucional por parte de la actual Asamblea nacional, por no existir elecciones válidas. Agregó que urge darle piso legal a lo que fue la manifestación contundente del pueblo venezolano, a través de esta reforma del Estatuto de la Transición Democrática.
Legítimo derecho a la defensa
El diputado por el estado Lara, Edgar Zambrano, sostuvo que en el legítimo derecho a la defensa política se ha propuesto a consideración del pueblo venezolano, la reforma del estatuto de transición, a los efectos de entregarle al parlamento un cuerpo de artículos que permita a lo largo y ancho de su contenido, establecer las políticas que reclaman ese legítimo derecho a la defensa, pero también los argumentos políticos y los argumentos jurídicos, que son el basamento para la reforma de este instrumento legal.
Afirmó que la fracción parlamentaria de AD apoya la propuesta de reforma convencidos que esta decisión va más allá de las compuertas del parlamento nacional y que se constituye en una decisión que marcará la diatriba política, la réplica y la contrarréplica.
“También será el ancla de las acciones de quienes creen en la democracia, la libertad, la justicia en la diversidad de opinión de esa sociedad que espera retomar un rumbo que les permita establecer los mecanismos de crecimiento y desarrollo, de movilidad social, que le den al venezolano las condiciones que hoy añoramos que se fundaron en los gobiernos de la alternancia”, dijo.
Es necesaria esta reforma para la transición
Cerró el debate el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa, quien afirmó, que Maduro y sus cómplices, nacionales e internacionales, civiles y militares, son reos de los más graves delitos continuados y agravados, con premeditación y alevosía que se puedan cometer en contra de una nación en ejecución de un plan preconcebido han realizado múltiples acciones que ha llevado a los venezolanos a vivir en una situación nunca antes vista en el país.
“Se han burlado de la Constitución y tienen la desfachatez de proclamarla para cometer sus tropelías. Quieren conducir a Venezuela a un régimen totalitario que la vocación democrática arraigada en la conciencia nacional no va a permitir. En lo económico han destruido la producción nacional, la petrolera, la agropecuaria, la industrial, han acabado con la moneda con el salario, con la estabilidad económica”, apuntó.
Por lo que justifica y apoya que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, legitimada por el pueblo venezolano en diciembre 2015, consciente del desprecio ciudadano a la farsa del 6D y motivada por la importante manifestación en la Consulta Popular del 12D, presentó ante la plenaria esta reforma legal.
“Se hace necesaria la reforma del citado estatuto para la transición con el objetivo de declarar formalmente la continuidad constitucional de la legítima Asamblea Nacional, con esto le estamos diciendo al pueblo venezolano seguimos dando la pelea para rescatar la soberanía popular y lograra elecciones presidenciales, y parlamentaria libres, justas y verificables” argumentó.
Acuerdo sobre la presentación del informe ante la CPI
La Asamblea Nacional aprobó en sesión extraordinaria llevada a cabo este viernes vía online y presencial, un Acuerdo para presentar ante la Corte Penal Internacional una comunicación acompañada de la recopilación de información relevante que coadyuve a la superación del examen preliminar para que se dé inicio a la investigación correspondiente. Todo ello, como componente esencial durante la evaluación de admisibilidad que realiza la Fiscalía.
Asimismo, el texto señala velar por el interés superior del pueblo venezolano en aras de continuar promoviendo la protección universal e indivisible de los derechos humanos.
El documento exhorta a los parlamentos del mundo a impulsar el mecanismo de justicia universal para sancionar a quienes cometan crímenes de lesa humanidad ante la falta de disposición por parte de las autoridades competentes en el país.
El acuerdo insta a los parlamentos del mundo a impulsar el mecanismo de justicia universal para sancionar a quienes cometan crímenes de lesa humanidad ante la falta de disposición por parte de las autoridades competentes en el país.
La diputada por el estado Miranda, Delsa Solórzano quien presentó el referido Acuerdo, aseveró que la Asamblea Nacional presidida por el Presidente (e) Juan Guaidó la han pretendido extinguir y ahorcar desde el momento que fue electa en el año 2015 bajo un legítimo proceso electoral y en ese sentido, dijo que eso constituye una violación a los derechos humanos, pero a su vez indicó, que cuando esa violación de derechos humanos se hace en contra de un grupo político o una población determinada por pensar diferente constituye un crimen de lesa humanidad previsto en el Estatuto de Roma.
Aseveró que otro crimen de lesa humanidad es cuando se somete a una población al chantaje, como por ejemplo “el que no vota, no come”, constituyendo este último en un crimen de exterminio, resaltó.
“También es un crimen de lesa humanidad cuando el Estado asesina a sangre fría a su gente porque simplemente se atrevieron a levantar su voz, cuando se tortura y se comenten tratos crueles, inhumanos o degradantes, de igual forma cuando hay prisión política. En Venezuela hay cerca de 400 prisioneros de conciencia a la fecha de hoy, el catálogo de crímenes de lesa humanidad que se comenten en Venezuela es tristemente cada vez más largo”, advirtió.
Afirmó que en el país no hay forma real de hacer justicia porque los órganos de administración de la misma están secuestrados por la usurpación que encabeza Nicolás Maduro.” Hoy no hay independencia del poder judicial y de ninguno de los organismos vinculados a la persecución criminal en Venezuela”.
Solórzano manifestó que por lo tanto, en este caso opera de manera clara desde todo punto de vista la investigación que por estos crímenes tiene que hacer la Corte Penal Internacional.
Añadió que la Comisión Especial de Justicia y Paz encargada de los temas de transición la cual preside, en conjunto con diputados de la AN, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, se han dedicado a la investigación, documentación y a su vez, remitir a los organismos internacionales todos los expedientes de violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.
Para finalizar su intervención, la parlamentaria aseveró que en Venezuela no hay posibilidad real de que se realicen las investigaciones correspondientes y se alcance la justicia, resaltó.
El diputado por el estado Mérida William Dávila tomó la palabra y resaltó la aprobación del Acuerdo, en este sentido dijo que el verdadero acusador es la humanidad, las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por órdenes de Maduro y funcionarios del Estado.
“Eso no puede quedar impune, aquí tiene que existir justicia universal, lamentamos que no se haya avanzado lo suficiente y que la fiscal no decida la investigación formal para encausar a los responsables de los crímenes cometidos en el 2014 en Venezuela”, dijo.
Catalogó de lamentable que no se haya hecho referencia precisa de todos los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad como el asesinato y otros actos inhumanos y degradantes, evidentes en las prácticas de los funcionarios de los cuerpos policiales y dictatoriales represivos del país, organismos criminales como el FAES y el CICPC, resaltó.
Señaló que en las condiciones actuales no es posible que el régimen y su poder judicial inicien las investigaciones, impute los autores, los procesen y los castiguen, “esperemos que la Fiscalía Internacional tome en cuenta las expectativas de todo el pueblo venezolano y la comunidad internacional”.
Nota de prensa Asamblea Nacional
