Durante la mañana de este martes, el Consejo Directivo de la Unión Interparlamentaria (UIP) aprobó una resolución sobre el tema de Venezuela, así lo dio a conocer la diputada Delsa Solórzano quien actualmente es la primer vicepresidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe por sus siglas GRULAC, y vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios.
En su sesión virtual más reciente, el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP, examinó y formuló recomendaciones al Consejo de Gobierno sobre los casos de unos 300 parlamentarios de oposición de distintos países, referente a las recientes denuncias y llamados de atención de los casos que los involucran en hechos donde sus derechos básicos a la libertad de expresión, reunión y circulación se han visto restringidos en el contexto de elecciones, particularmente en Venezuela.
Solórzano detallo que “Sobre nuestro país, se tomaron en cuenta los casos de 154 diputados que han sido víctimas, junto a sus familiares y personal cercano, de violaciones sistemáticas de sus DD HH y de la inmunidad parlamentaria, así como del derecho al debido proceso, incluyendo en la discusión los relatos descritos en el informe de la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU, las irregularidades que giran en torno al considerado fraude del 6 de diciembre de 2020 por no contar con los requisitos constitucionales que lo avalen como elección, las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro que tienen que ver con el desconocimiento a la Asamblea Nacional legítima y las decisiones inconstitucionales tomadas por el TSJ ilegítimo y el CNE con respecto a los partidos de oposición, demostrando la nulidad existente sobre la separación de poderes y los alarmantes niveles de corrupción presentes en nuestro país”.
Ante lo expuesto en la plenaria la parlamentaria informó que la UIP:
- Denuncia la intensa represión por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus simpatizantes, durante los últimos 5 años, de los parlamentarios por sus opiniones políticas, evidenciada por actos de extrema gravedad y continuidad como malos tratos, hostigamientos, amenaza y estigmatización cometidos por agentes del Estado fieles al régimen, grupos paramilitares y grupos violentos integrados por simpatizantes del régimen en un clima de impunidad; también denuncia las numerosas medidas adoptadas por quienes usurpan el Poder Ejecutivo y por el TSJ ilegítimo durante la presente legislatura para socavar la integridad e independencia de la Asamblea Nacional, considera que esta situación, en su conjunto, constituye un intento manifiesto de obstaculizar el ejercicio efectivo de la voluntad del pueblo expresada en las elecciones de diciembre de 2015; recuerda que los parlamentarios deben tener libertad para buscar, recibir y difundir información e ideas sin temor a represalias y que el parlamento solo puede cumplir su función democrática si sus miembros disfrutan del derecho a la libertad de expresión y tienen la oportunidad de hablar en nombre de sus representantes.
- Una vez más insta a las autoridades que representan a Maduro a que pongan fin sin demora a las formas de hostigamiento contra miembros de la Asamblea Nacional, para asegurar que todas las autoridades que representan al régimen respeten los DDHH y la inmunidad de parlamentarios, para investigar a fondo las denuncias de violaciones de sus derechos y establecer responsabilidades en esta área y asegurar que la Asamblea Nacional y todos sus miembros puedan desempeñar plenamente sus funciones constitucionales.
- Toma nota con profunda preocupación de las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe recientemente publicado de la Misión Internacional Independiente de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, que da más peso a las acusaciones de represión política y responsabilidad del régimen venezolano al más alto nivel; expresa su firme esperanza al respecto de que el Estado en Venezuela, con el apoyo de la comunidad internacional, podrá reparar las violaciones y crímenes de extrema gravedad documentados en el informe.
- Lamenta profundamente que el régimen de Nicolás Maduro aún no haya dado garantías por escrito de que la misión a Venezuela propuesta desde hace tiempo por la IUP finalmente pueda llevarse a cabo; sigue convencido de que dicha misión podría ayudar a abordar las preocupaciones actuales, por lo que reitera su solicitud al Secretario General de trabajar con las autoridades parlamentarias y quienes usurpan el Ejecutivo venezolano para que la misión se lleve a cabo lo antes posible. Se levantarán las restricciones del viaje vinculadas a la pandemia de COVID-19, previa notificación oficial por escrito de garantías de que se podrá llevar a cabo en las condiciones necesarias para su efectividad.
- Reafirma un vez más que los temas planteados por los casos bajo consideración forman parte de la crisis política más amplia que atraviesa Venezuela, que solo puede ser resuelta a través del diálogo político y por los propios venezolanos; reafirma que a UIP está dispuesta a contribuir en cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la democracia en Venezuela y solicita a las autoridades competentes que le informen sobre la mejor forma de brindar asistencia.
- Afirma solemnemente que tanto en la letra como en el espíritu de la Declaración Universal de la UIP sobre la democracia, el elemento clave del funcionamiento democrático es la celebración de elecciones libres y justas que permitan la expresión de la voluntad del pueblo, sobre la base del sufragio universal, igual y secreto para que todos los votantes puedan elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, apertura y transparencia; manifiesta su profunda preocupación, por tanto, de que las restricciones vigentes y el marco institucional que rige el fraude legislativo previsto para diciembre de 2020 parecen socavar gravemente la igualdad de condiciones exigida para que los miembros de la oposición y sus partidarios puedan ejercer su derecho fundamental a participar en la dirección de los asuntos públicos en las mismas condiciones que el partido gobernante y sus partidarios. Insta a este respecto a las autoridades que representan al régimen a que tomen todas las medidas necesarias para resolver estos problemas sin demora.
- Insta al régimen que representa Nicolás Maduro y sus simpatizantes a que se abstengan de la violencia y a las autoridades que lo respaldan, a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida humana, respetar el derecho de las personas a la reunión pacifica, su derecho a la libertad de expresión y a participar en la conducción de los asuntos públicos, a votar y ser electos así como su derecho a beneficiarse de la igualdad de acceso a las funciones electivas en la perspectiva del fraude electoral anunciado para diciembre de 2020 en Venezuela; llama a las autoridades del régimen para abstenerse de cualquier acto que de alguna manera pueda vulnerar los derechos de todos los miembros actuales de la Asamblea Nacional.
- Pide a todos los parlamentarios miembros de la UIP, los observadores permanentes de la UIP, las asambleas parlamentarias y las organizaciones de derechos humanos pertinentes que tomen medidas concretas para contribuir a la resolución urgente de los casos individuales en cuestión y de la crisis política en Venezuela, con respecto a los valores democráticos y los DDHH; y espera poder contar con la asistencia de todas las organizaciones regionales e internacionales pertinentes.
- Solicita al Secretario General que señale esta decisión de atención a las autoridades competentes, los querellantes y cualquier tercero que pueda proporcionarle información pertinente.
- Pide al comité que continúe examinando este caso y que le informe a su debido tiempo. Por último la diputada aseguró que el mundo sigue muy de cerca la situación que ocurre en Venezuela, en especial con la sistemática violación a los derechos humanos de los venezolanos. Aseguró que en esta oportunidad se ha logrado hacer visible la difícil situación de acoso y persecusión contra los diputados de la Asamblea Nacional.
Nota de prensa
