La decisión del sistema transicional, que establece penas alternativas de cárcel, es un hito en el caso que más rápido ha avanzado en el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz
SANTIAGO TORRADO/El País
Bogotá.
Colombia, una sociedad que busca doblar la página de la violencia sin esquivar la verdad, se acerca a las primeras decisiones judiciales de fondo sobre su conflicto armado de más de medio siglo. En un paso inédito en los cuatro años que han transcurrido desde la firma del acuerdo de paz, el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante la guerra ha imputado a la cúpula de la extinta guerrilla de las FARC una serie de delitos asociados con el secuestro, una de sus prácticas más crueles y repudiadas. Los excombatientes no se enfrentan, sin embargo, a penas de prisión, ya que esta jurisdicción contempla castigos alternativos a cambio de aportaciones a la verdad.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la privación de la libertad de civiles y militares a ocho antiguos miembros del secretariado, como se conocía a la máxima autoridad de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia, hoy desarmadas y convertidas en un partido político con representación en el Congreso. Entre los imputados se encuentra Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, presidente del partido recientemente rebautizado como Comunes, así como Julian Gallo –conocido como Carlos Antonio Lozada– y Pablo Catatumbo, quienes ocupan dos de los diez escaños que tiene la organización en virtud de los acuerdos. También figuran Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra –’El médico´– y Bertulfo Álvarez –quien falleció de cáncer este miércoles–.
“Esta calificación jurídica es el máximo reproche que este tribunal puede hacer”, destacó este jueves la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso. “El acuerdo de paz supuso la entrega de las armas, pero igualmente obliga a la entrega de la verdad”, subrayó por su parte el magistrado Eduardo Cifuentes, quien preside la JEP desde noviembre y señaló que las graves infracciones al derecho internacional humanitario equivalen a crímenes de guerra.
El sistema transicional surgido de los diálogos de La Habana privilegia la verdad plena, y establece penas alternativas a la cárcel para los excombatientes a cambio de que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Los imputados tienen ahora 30 días para aceptar o negar su responsabilidad. En caso de aceptar los cargos tendrán sanciones de entre 5 y 8 años consistentes en penas restaurativas que no incluyen cárcel; si no los aceptan, los tiempos se alargan, el caso pasa a la Unidad de Investigación y Acusación y pueden enfrentar hasta 20 años de prisión.
La demoledora imputación de 322 páginas –conocida en el sistema como auto de determinación de hechos y conductas– documenta el sufrimiento de las víctimas de secuestro y se produce en el marco del caso 01, que aborda la Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP, el más avanzado de los siete grandes procesos –o ‘macrocasos’– que ha abierto hasta ahora el tribunal de paz. Es el resultado del análisis de un inmenso material, que incluye la contrastación de 17 extensos informes presentados por la Fiscalía y varias organizaciones con las versiones de más de 200 excombatientes y los comentarios de más de mil víctimas acreditadas.
El documento apunta a la práctica “sistemática y masiva” del secuestro por parte de la guerrilla durante al menos 30 años, entre 1982 y 2012, con un saldo de más de 21.000 víctimas –aunque reconoce un enorme subregistro–. Uno de cada diez de esos secuestrados nunca regresó a su hogar, el 2,9 % fue asesinado y el 8,7 % desapareció. El auto califica esa práctica como “una política que convertía a los seres humanos en cosas cuyo valor no radicaba en la dignidad humana, sino en el valor de intercambio por el dinero que tenían y que podían reportar a la organización armada”.
También señala, entre otras, que el trato que los rebeldes dieron a los militares y policías retenidos para forzar un intercambio por guerrilleros presos con el Gobierno violó la dignidad humana. Los excomandantes son acusados como coautores de toma de rehenes, privaciones de la libertad, desaparición forzada y homicidio, y también de torturas, tratos crueles y violencia sexual, entre otros delitos, como parte de su responsabilidad de mando.
En medio de la práctica masiva del secuestro extorsivo, y en una sociedad asolada por todo tipo de violencias, los prolongados cautiverios tanto de uniformados como de políticos –como el de Ingrid Betancourt– fueron uno de los crímenes más notorios y repudiados de las FARC. Esa estrategia se intensificó en el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), y durante los dos mandatos de Álvaro Uribe (2002-2010) las familias de los secuestrados presionaron incansablemente al Ejecutivo para conseguir un acuerdo humanitario que nunca se concretó. “Las condiciones eran absolutamente inhumanas”, e incluían “torturas físicas y emocionales indescriptibles”, en palabras de Luis Eladio Pérez, uno de los políticos que pasó largos años en la selva y declaró ante la justicia transicional. Hubo militares que pasaron hasta 14 años en cautiverio.
Luego de varios momentos de fricción con las víctimas acreditadas en el proceso, el antiguo secretariado envió el pasado septiembre una carta pública en la que pedía perdón. “El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”, reconocieron. “Hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias, hijos, hijas, madres, padres, hermanos y amigos, que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos”.
Es el primer gran resultado de la JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz. El tribunal se ha visto obligado a navegar en medio de la polarización que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde las negociaciones, y avanza a pesar de formidables obstáculos, a los que se ha sumado la pandemia del coronavirus. El otro macrocaso más adelantado es el de los falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen miles de ejecuciones extrajudiciales o, como las define el caso 03, “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que ha contado con un robusto respaldo de la comunidad internacional. El sistema, sin embargo, ha sido blanco de incesantes ataques por parte del expresidente Álvaro Uribe, el mentor político del presidente Iván Duque, quien insiste en derogar la JEP y modificar los acuerdos. El propio Duque propuso sus reparos a la JEP en 2019 pero sufrió una estruendosa derrota en el Congreso. “La JEP da un paso trascendental para consolidar la paz en Colombia. Sienta también un precedente histórico para la justicia transicional y la resolución de conflictos armados en el mundo”, reaccionó el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), el jefe de Estado que firmó el acuerdo de paz con Londoño a finales de 2016.
