Julio García, presidente del Colegio de Enfermeras(os) del estado Carabobo, denunció la política regresiva, de desmejora y violatoria de los derechos de los trabajadores de la salud.
Es clara la recurrente intención del gobierno nacional de desconocer no solo los actores laborales de los gremios y sindicatos, sino que ahora va a lo más sagrado como son los derechos y beneficios establecidos en las convenciones colectivas; recientemente, en autoría conjunta con el sindicato patronal FENASIRTRASALUD, y por medio del Ministerio del Trabajo, se ensañaron contra los trabajadores de la salud, atreviéndose a reducir y desmejorar las cláusulas de Uniformes, Zapatos, y Bono Recreacional para los jubilados.
Puntualmente, el bono de Uniformes y Zapatos establecido en 10 salarios mínimos, que representan 1.300 Bs lo disminuyeron a 200Bs, y a los jubilados de pasar de un pago único de 85 días de bono recreación la desmejoraron a pagos fraccionados; ambos conceptos ya pulverizados en virtud a la inflación y el aumento creciente del dólar.
Con esta medida, el gobierno se declaró como un sistema regresivo y violador de los derechos laborales, desconociendo el propósito y previsión de un modelo garantista y de derechos fundamentales laboralmente no se cumple en el gobierno de Nicolas Maduro, y abiertamente desecha y desconoce a la constitución nacional, en cuanto a que el “Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable (…) su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público”, “los derechos laborales son irrenunciables”, “progresivo e intangibles”.
Esto representa una alarma para toda la clase trabajadora, ya que sin pudor y temor del patrono Gobierno, pretende conculcar, eliminar y vulnerar los beneficios sociales y económicos, alcanzados en procesos de luchas reivindicativas.
En tal sentido, consideramos que están bajo amenazas los pagos en días de disfrute de vacaciones, bono de fin de año y otros; dado el alto riesgo de que el gobierno lo podría extinguir caprichosamente. Esto también es un mal ejemplo para el sector privado y otros patronos, ya que, si desde el Ejecutivo Nacional principal empleador público, implementan estos procedimientos arbitrarios e írritos, está emitiendo mensajes negativos, muchos podrían asumir esta mala política.
Es así, que la protesta y la denuncia por parte de los trabajadores de la salud ante las instancias legales y de derechos laborales es obligatoria, justa y necesaria.
