Ligia Benítez, abogada y empresaria del corretaje inmobiliario, miembro del Consejo Superior de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, aconsejó a quienes deseen alquilar algún inmueble o local comercial, apoyarse en los expertos para evitar salir perjudicado.
Indicó que el arrendamiento de viviendas en Venezuela es difícil, porque la ley es súper protectora con el inquilino y deja prácticamente en la calle los derechos de los arrendadores.
Aunado a eso, está vigente una medida cautelar que prohíbe los desalojos.
En cuanto a los locales comerciales, dijo que acabamos de salir de un escenario legal, que se produjo durante el inicio de la pandemia, cuando se promulgó un decreto donde se suspendía la obligación de los pagos de arrendamiento y servicios públicos, favoreciendo a los arrendatarios.
De allí surgió el temor de que alguien tomara el local y no volviera a pagar y eso hizo que los propietarios reaccionaran y por eso piden que paguen varios meses por adelantado. Señaló que ya el decreto no está vigente y vuelven las negociaciones en forma normal.
Explicó que las empresas inmobiliarias cobran una comisión u honorarios, tanto al propietario del inmueble como a la persona o empresa que requiere un inmueble.
“Ambos utilizan los servicios de corretaje inmobiliario y eso lleva un pago que se acuerda entre las partes” señaló en entrevista con Sandy Aveledo, por Unión Radio.
Agregó que, lo usual, es que el propietario del inmueble le pague a la inmobiliaria lo equivalente a un mes de arrendamiento y otro lo paga el arrendatario, adicionalmente hay un gasto por contrato.
Además, el propietario pide tres meses de cánon como garantía.
Aconseja que, para blindarse, el dueño del local debe confiar la comercialización de su inmueble a una persona que tenga experiencia, a una empresa o corredor inmobiliario que tiene manera de evaluar a quien solicita el inmueble; y para la redacción del contrato tener un abogado que sea experto en la materia.
