Expertos y líderes piden universalizar el fármaco en el 60 aniversario de la OCDE
ÁLVARO SÁNCHEZ/El País
La gran inmunización ya ha empezado. La vacuna ha saltado de los laboratorios a los hospitales de un puñado de países, pero persisten las incertidumbres sobre si la potencia económica de los Estados decidirá quiénes van primeros en la lista. “No estamos yendo por el buen camino”, ha advertido este martes Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la conmemoración del 60º aniversario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En un panel dedicado al multilateralismo, la también expresidenta chilena insistió en que “la vacuna debe ser un bien público”, y ha alertado de que mientras ya hay países ricos comprándola masivamente y contarán a finales del año que viene con reservas que triplican su población, alrededor de 67 países con menos recursos dejarán sin vacunar en 2021 al 90% de sus ciudadanos, y carecen de los costosos equipamientos para almacenar las dosis a la temperatura adecuada.
Ese mensaje ha sobrevolado la escena desde el comienzo del acto. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha reclamado cooperación internacional para garantizar la producción masiva y una distribución generalizada de una vacuna asequible. “Esta pandemia nos ha recordado que ningún país por sí solo puede enfrentar una amenaza así”, ha recordado. Mariana Mazzucato, profesora de Economía e Innovación y Valor Público de la University College de Londres ha exigido que las patentes no sean un obstáculo, y ha pedido a los Gobiernos que controlen su producción favoreciendo que sea masiva, vigilen posibles monopolios, descentralicen la producción, compartan el conocimiento en un ejercicio de transparencia y logren que esté disponible para todos a un precio adecuado. “Esta debería ser una vacuna para la gente. No hay que olvidar que se está pagando con dinero del contribuyente”, ha dicho.
Si la inquietud sobre la voluntad de los Estados de universalizar el fármaco ha quedado patente, no menos lúgubre ha sido el balance de cómo han hecho frente a la crisis sanitaria. “Estamos observando el nivel de cooperación internacional más bajo que yo haya visto en los últimos 30 años”, ha lamentado el francés Pascal Lamy, ex director general de la Organización Mundial del Comercio. “En la cooperación internacional siempre ha habido dosis de colaboración y competencia. En esta ocasión la competencia entre países ha ganado ampliamente a la cooperación”, ha expresado.
Por su parte, Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam, cree que se debe primar la salud, pero también ve motivos económicos para la vacunación universal, dado que en un mundo globalizado, donde las cadenas de suministro sobrepasan fronteras, si estas se rompen porque la enfermedad persiste en alguno de los países de que depende la producción, la economía se resentirá.
El debate saltó del remedio (la vacuna), a las consecuencias y lecciones de la pandemia. Entre los dilemas ha destacado uno: cómo hacer más justo el capitalismo. Gabriela Ramos, directora general adjunta para Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco ha criticado la injusta distribución del crecimiento, y ha puesto como ejemplo a las plataformas digitales, que han multiplicado sus ingresos en un momento en que se han exacerbado las desigualdades. “Las personas de rentas bajas tienen más riesgo de muerte, peor estado de salud, y los niños sin conexión a Internet pierden la oportunidad a recibir una educación”, ha explicado Ramos.
En la educación centró su intervención el expresidente del Banco Interamericano del Desarrollo, Enrique Iglesias. “En muchos hogares no hay ni siquiera un ordenador. Una tarea importante en los años venideros será prepararnos para lidiar con estas situaciones. ¿Qué hacemos con los millones de estudiantes que pierden un año?”.
Bachelet ha citado a mujeres, personas con discapacidad, indígenas de zonas rurales, miembros del colectivo LGTBI y reclusos como los más vulnerables ante la crisis. Y sin mencionar ningún caso concreto, ha pedido que se pospongan las sanciones económicas sectoriales, por ejemplo, a la producción de petróleo de países que dependen de su venta para capear la crisis. “No penalizan solo a gobernantes sino a población vulnerable”.
