El secretario de Seguridad Ciudadana del estado Carabobo, José Ávila, denunció a la ONG Provea de promover una campaña de desprestigio contra el gobernador Lacava y los cuerpos de seguridad del estado, con financiamiento de EE.UU y Colombia.
Considera que la campaña busca desmovilizar y desmoralizar a los órganos de seguridad en su lucha contra la delincuencia.
Dijo que “Provea publicó un panfleto, que llama informe, donde habla de masacres y ejecuciones extrajudiciales, imagínense esa irresponsabilidad”.
“Para esta ONG los órganos de seguridad del estado tienen que dejarse arrollar por la delincuencia”, señaló en rueda de prensa.
Denunció la violación de los DD.HH de los funcionarios y dijo que le gustaría que Provea denunciara casos como un muchacho que fue ajusticiado, junto a su esposa por el delito de ser policía, dejando una niña huérfana.
También mencionó el ataque a efectivos de la GNB en Mariara, donde murió uno de ellos.
“Aquí no hay políticas de exterminio ni ejecuciones extrajudiciales que la política es de prevención y contención de los grupos armados financiado desde afuera. En este país hasta los animales tienen garantía de derecho a la vida.-”, manifestó.
Al preguntarle si habría alguna acción contra Provea respondió que sólo esta denuncia, pero no tendrá ninguna acción física contra nadie.
Añadió que si logran probar un caso se somete a la justicia.
Disminución del delito
Ávila aseguró que en Carabobo ha disminuido significativamente el delito y ha bajado al puesto 12.
De 623 homicidios en el 2018 bajó a 112 en el 2021, un 75%.
Armas incautadas: 517 en el 2018, 397 en 2019, 378 en 2022, y 332 en 2021.
Bandas desmanteladas: 92 en 2018; 140 en 2019, 146 en 2020, 100 en 2022.
Además, ha habido más de 400 funcionarios destituidos en los últimos cuatro años en un operativo de depuración.
También se han hecho más de 4 mil encuentros con la comunidad y los funcionarios se firman en cuanto a procedimientos, uso de la fuerza y derechos humanos.
“Nos declaramos en rebeldía contra el arma, los delincuentes deben pacificarse”, manifestó.
Con respecto al tema del hacinamiento en los centros de detención preventiva, dijo que se está coordinando con el servicio penitenciario, jueces, fiscales, funcionarios de defensa pública y defensoría del pueblo para que se aligeren las causas judiciales.
