La abogada constitucionalista Lyli López, considera que los nuevos impuestos que está cobrando la Alcaldía de Valencia busca el cierre del aparato productivo.
Explicó que el ayuntamiento se valió de la sentencia 0078 del Tribunal Supremo de Justicia, que refiere al aumento de los tributos de forma linean y generó un ajuste de 900%.
Además planteó dos referencias para el cálculo de pago: la Unidad Tributaria y el petro, lo cual constituye una inseguridad jurídica, que menoscaba las garantías económicas consagradas en el artículo 299 de la Constitución.
López destacó que la medida de la Sala Constitucional del poder judicial, no tomó en cuenta la situación actual de las empresas y comercios que se han visto afectadas por la pandemia y la falta de materia prima.
«Una empresa en septiembre pagaba 15 millones de bolívares y en octubre debe cancelar 82 millones, debido a la reforma de la ordenanza».
Destacó que los montos que se establecieron son altos. Sin contar que las multas quedaron en un petro diferente, al que calculan el salario mínimo de los trabajadores.
De acuerdo a la constituyentista, este impuesto es destructor. “Esta medida terminará de degradar al sector productivo, a todas luces”.
Manifestó que en Venezuela existe una distorsión con esta decisión. No se tomó en cuenta el salario mínimo, base para sustentar la capacidad de pago.
Igualmente recordó, que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ordenaba al vicepresidente sectorial del área Económica Tareck El Aissami a sentarse junto con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del distrito capital.
«Ellos tenían que conformar una mesa técnica, a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria».
La idea según López, era armonizar los tipos impositivos y alícuotas de los tributos, pero no fue así. Con información de Caraboboesnoticias/La Calle
