Cinco años después que la oposición le arrebató el control de la Asamblea Nacional por primera vez en dos décadas de gobiernos socialistas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se aseguró el control de la última institución independiente del país al alcanzar la alianza oficialista el 67,6% de votos en las elecciones legislativas.
Los comicios fueron boicoteados por los principales partidos de oposición, que alegaron que no existían condiciones para unas elecciones libres y democráticas. Los críticos de Maduro sostienen que se trató de un proceso fraudulento que tendría esencialmente el objetivo aniquilar a la oposición y fungió como una “elección interna” del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) “para dirimir conflictos a lo interno del régimen”.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, indicó en un primer boletín preliminar, con el 82,35% de los votos escrutados, que la participación había rondado el 31% de los 20 millones de venezolanos inscritos en el padrón electoral.
La alianza oficialista, de acuerdo con cifras preliminares, sumaba 3,558.320 del total de 5,2 millones de votos escrutados, mientras la alianza de partidos opositores minoritarios -El Cambio, Avanzada Progresista, el partido socialcristiano COPEI, Acción Democrática, Cambiemos- contabilizaba 944.665 boletas, o el 17,95%.
En los comicios legislativos de 2015, en las que participaron todos los partidos políticos, la abstención fue del 25,75%. En 2005, cuando la oposición se abstuvo mayoritariamente, la abstención fue de 74,74%.
Poco después, Maduro celebró el resultado, afirmando que se logró “una tremenda y gigantesca victoria electoral”.
“Hemos cumplido con la Constitución, tenemos una nueva Asamblea Nacional producto del voto popular”, añadió.
El gobernante expresó su alivio porque sus adversarios perdieran el control de la Asamblea tras cinco años, afirmando que la oposición usó como tribuna el legislativo para promover “golpes de Estado, conspiraciones, llamados a intervención, sanciones criminales y crueles en contra de la economía de la familia y el país”.
A partir del 5 de enero, fecha establecida en la constitución para la instalación de una nueva Asamblea Nacional, Maduro tendrá el control de todos los poderes públicos.
Basado en reportes del Observatorio contra el Fraude de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, Guaidó expresó en su cuenta de Twitter que más del 82% de los venezolanos se abstuvo de salir a votar.
“El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente”, dijo la noche del domingo el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en un mensaje que difundió en la redes sociales, al asegurar que la mayoría de los venezolanos expresaron su rechazo a Maduro al no salir a votar.
“La Asamblea Nacional seguirá en funciones para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres”, anunció el presidente del Congreso, y agregó que la mayoría opositor se mantendrá en sus funciones basada en el “principio de continuidad constitucional”
“El cambio no lo podrán parar. Esto es insostenible”, dijo Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, e invitó a los venezolanos a salir el 12 de diciembre para participar en la ”consulta popular” promovida por la oposición y organizaciones civiles
Al perder el Congreso, la oposición quedará sin ningún piso institucional y muy limitada para ejercer alguna presión contra el gobierno, lo que según algunos analistas acelerará el final de los últimos vestigios de la democracia venezolana.
La legitimidad del mandato de Maduro nunca estuvo en juego en el proceso electoral del domingo, según coincidieron el presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, y Oscar Vallés, analista político y profesor de la Universidad Metropolitana en Caracas.
“Dudo que los 60 países que desconocen a Maduro por la elección de mayo 2018, reconocerán a Maduro por el hecho de las elecciones. Obviamente no”, dijo Vallés a Associated Press. “Esta miopía de la oposición restó una mirada estratégica” sobre lo que significaba la elección legislativa.
El gobierno de Maduro ejecutó el domingo “la última fase de la tarea ardua de desplazar a la oposición, sin recurrir a la violencia sistemática y selectiva sobre el liderazgo político opositor”, acotó Vallés.
Ahora “podemos decir que la oposición ya no ocupa ninguna relevancia en las instituciones” del Estado venezolano, agregó.
Sin embargo, la recuperación del legislativo por parte del oficialismo tiene un sabor amargo para el mandatario izquierdista, puesto que los comicios son rechazados por Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de los países de la región, que no veían las condiciones para un proceso electoral transparente y democrático.
La postura crítica de la comunidad internacional hace prever que no habrá cambios en las presiones y sanciones hacia el gobierno de Maduro, quien deberá seguir sorteando la compleja crisis sólo con el apoyo de Rusia, China, Irán, Cuba y Turquía, que en los últimos años se han convertido en sus incondicionales aliados.
El boicot impulsado por Guaidó no fue acatado por un grupo de organizaciones opositoras minoritarias que mantiene diálogos con el oficialismo, ni tampoco por congresistas y políticos disidentes a quienes el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, les entregó la dirección, símbolos, colores y tarjetas de los partidos Primero Justicia, Acción Democráticas y Voluntad Popular, tres de los grandes partidos opositores.
La presidenta del CNE indicó que los resultados preliminares sólo permitían confirmar por el momento los ganadores de 26 de los 277 escaños, de los que 21 correspondían a la alianza oficialista y otros cinco a opositores, cuatro de ellos disidentes de los partidos que boicotearon los comicios.
Entre los parlamentarios ya confirmados destacaban la primera dama, Cilia Flores, y y Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y considerado el segundo hombre más poderoso del oficialismo luego de Maduro.
El lunes se celebrará una votación en 10 de los 23 estados del país para elegir a tres diputados indígenas.
AP
