La lucha por el poder se judicializa y, con el paso del tiempo, la justicia se politiza, ya que las decisiones de los magistrados, lo quieran ellos o no, condicionan la competencia democrática
CARLOS PAGNI*
Durante la Guerra Fría, los países latinoamericanos padecieron una enfermedad, la de los golpes de Estado, que terminó convirtiendo su vida pública en un juego imposible. Siempre habrá que celebrar que la región se curó de esa dolencia. A lo largo de las últimas décadas, las mismas sociedades son víctimas de otra epidemia: la corrupción. Esa patología se manifiesta en el avance de la delincuencia común que amenaza con la inseguridad a mucha gente, sobre todo a los más pobres; en la instalación de mafias, sobre todo de narcotraficantes, que llegan a convertirse en una nueva clase social; y en la indecencia administrativa, instalada sobre todo en los sectores regulados de la economía. Este virus modifica el juego político. Y la lucha contra él es de una extraordinaria complejidad, ya que genera malformaciones secundarias. Jueces y fiscales adquieren un inusual protagonismo. La lucha por el poder se judicializa. Y, con el paso del tiempo, la justicia se politiza, ya que las decisiones de los magistrados, lo quieran ellos o no, condicionan la competencia democrática. Con independencia de las manipulaciones que pueda haber en muchos procesos, esta inercia es impersonal y ha sembrado la inestabilidad en muchos países. El continente está ante un inquietante dilema. Convertir a la corrupción en materia de negociación política significaría someterse al reino de la impunidad. Aspirar a una purificación absoluta por la vía del codigo penal significaría instaurar un dificultoso Gobierno de los jueces. En los últimos 15 días este problema ha estado más y más vigente.
Brasil está asistiendo a un terremoto desde el lunes pasado. Ese día el ministro del Supremo Tribunal Federal responsable del caso, determinó que el juez de Curitiba Sergio Moro era incompetente para investigar a Lula da Silva. El pronunciamiento abrió un debate procesal. ¿Fachin quiso beneficiar a Moro, eliminando una de las razones que podrían costarle una sanción en la causa donde se examinan supuestas irregularidades en todo el proceso del Lava Jato? ¿Fachin salvó a Lula para salvar al Lava Jato? El ritual judicial ofrecerá, con el tiempo, la respuesta. Lo relevante es que Lula podría volver a competir en las elecciones, ya que no pesaría sobre él la prohibición a ser candidato prevista para quienes han sido condenados en dos instancias.
Fachin modificó la escena electoral brasileña. Del mismo modo que la había modificado Moro, y los jueces de la Cámara de Apelaciones cuando, al condenarle, sacaron de carrera al líder del PT. En aquel entonces, los feligreses de Lula denunciaron un complot para proscribir a su líder. Cuando Jair Bolsonaro, el vencedor de esas elecciones sin Lula, ofreció a Moro el Ministerio de Justicia y, sobre todo, cuando Moro lo aceptó, corroboraron su presunción. Ahora tienen un argumento más poderoso: la máxima autoridad judicial dictaminó que la prisión de Lula fue ilegal y que, por lo tanto, estaba en condiciones de competir. Quiere decir que esta gris disputa procesal abre un interrogante dramático sobre la legitimidad de Bolsonaro.
La incógnita llega en el peor momento. Un aterrador aumento en el número de casos de covid-19 colocó al país en el primer lugar de la estadística global. Para alimentar la hoguera, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello pide dejar el cargo alegando estar enfermo.
En este contexto, la decisión del juez Fachin agita un mar de incógnitas. Bolsonaro registra una caída en las encuestas: según la consultora Atlas, el 57% de los brasileños lo considera malo o pésimo. En enero esa proporción era de 46%. En cualquier escenario, según la misma investigación, perdería en segunda vuelta. Lula reingresa a la carrera. Hasta ahora Bolsonaro estaba solo, dañándose a sí mismo. ¿La polarización le mejorará o acelerará el naufragio? La historia puede tener otras ideas. Por ejemplo, que se agudice el aspecto envejecido de una escena que requiere de un cambio de nombres y de agenda. Es la apuesta de Luciano Huck, ahijado de Fernando Henrique Cardoso y estrella de TV Globo, que acaba de presentarse desde el Financial Times con un alegato a favor del cuidado del medio ambiente. Huck duda todavía. João Doria, el gobernador de San Pablo, del partido de Cardoso, también: ahora dice que tal vez desista de la competencia presidencial y apueste a la reelección.
El 5 de abril de 2018, cuando era solo senadora, Jeanine Áñez celebró en su cuenta de Twitter que Lula caía preso. La semana en que el juez Fachin exculpó a Lula, la expresidenta de Bolivia fue llevada tras las rejas. Ella, cinco de sus exministros y varios jefes militares fueron detenidos con la imputación de haber cometido un acto terrorista al reemplazar a Evo Morales, en 2019.
En aquella oportunidad, Morales había renunciado a la presidencia. Enfrentaba una convulsión social por denuncias de fraude electoral que fueron certificadas por la OEA. Morales buscó la reelección forzando la interpretación de la Constitución, y después de haber perdido un plebiscito sobre esa habilitación. Él mismo había dicho, antes de esa consulta, que quien no aceptara el resultado estaría dando un golpe de Estado.
Hay presunciones muy razonables de que la captura de Áñez y su entorno fue ejecutada por una Justicia que obedece a Morales. Su ahijado, el presidente Luis Arce, se sumó a las diatribas contra Áñez cuando la embestida ya se había desatado. Como si fuera un espectador. Para Arce, el de Morales empieza a ser un liderazgo inconveniente.
La captura de Áñez desencadenó la reacción de toda la oposición, organismos de derechos humanos como Human Rights Watch, y la Iglesia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió respeto por el sistema democrático. Pero no mencionó el caso.
Este avance sobre la oposición se produjo a los pocos días de una derrota del Movimiento al Socialismo, el partido de Morales, en varias provincias y alcaldías. ¿La prisión de Áñez pretende disimular esos fracasos?
La oposición boliviana denuncia una manipulación autoritaria de la Justicia. En la Argentina, Cristina Kirchner hace lo mismo. Solo que desde el oficialismo: es la vicepresidenta. Se trata de una narrativa según la cual la infinidad de causas penales que se abrieron por casos de corrupción del gobierno de su esposo (2003-2007) y de ella misma (2007-2015) han sido el resultado de una conspiración política, mediática y empresarial. El presidente Alberto Fernández le obedece en esa interpretación y ensaya infinidad de reformas judiciales, que son vistas como un esfuerzo por conseguir impunidad. En el camino, perdió a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que renunció a su cargo después de un incendiario discurso de la señora de Kirchner.
En Ecuador se verifica el mismo clima: Rafael Correa acusa a su antiguo ahijado, y peor enemigo, Lenín Moreno, de instrumentar a las máximas instancias de la Justicia para que no acepte sus pedidos de revisión en los procesos por corrupción. El capítulo judicial está en el corazón de la campaña electoral por la segunda vuelta, que se realizará el 11 de abril.
México se sumó a la tendencia. Andrés Manuel López Obrador acusó a los jueces de estar al servicio del sector privado por no convalidar el cambio de reglas de juego que él produjo para la inversión en energía, afectando a empresas españolas como Iberdrola.
La corrupción ha llevado la política a los tribunales. Esa novedad convierte a la competencia democrática en un torneo cada vez más exasperado. Quien pierde una elección corre el riesgo de perder algo más que el poder. Puede perder la libertad. Por eso toda la región se va mirando en Venezuela, que es un espejo que exagera. Allí el principal factor que ata al tirano a su sillón es el temor a terminar en una celda.
*Periodista argentino.
